En un escenario en el que los problemas de salud mental han aumentado en la población infanto-juvenil como consecuencia de la pandemia por COVID-19, los establecimientos educacionales ofrecen una gran oportunidad para llevar a cabo programas preventivos y de intervención temprana. Sin embargo, muchas de estas intervenciones carecen de evaluaciones de eficacia y de costo-efectividad rigurosas. En contextos de recursos limitados, esto constituye un problema para quienes están a cargo de tomar decisiones. Existen ejemplos, tanto en Chile como a nivel internacional, de intervenciones cuidadosamente diseñadas y basadas en evidencia científica previa promisoria que no han demostrado ser eficaces al ser implementadas a gran escala o en otros contextos. Por otro lado, hay que considerar que gastar recursos en diseminar una intervención que no ha demostrado eficacia no es el peor peligro. Más grave aún es implementar acciones que pudieran dañar de algún modo a las personas que participan de ella. Un principio ético básico que debiera regir la implementación de intervenciones en salud mental en establecimientos escolares es primum non nocere (‘primero, no hacer daño’). Se presenta como ejemplo una intervención de salud mental aplicada en forma piloto en colegios de Chile y Colombia que tuvo efectos diferentes en ambos países. En Colombia se constató un aumento del autoestigma de la depresión en estudiantes como resultado de la intervención, mientras que en Chile no hubo cambios significativos en esa dimensión. Existen otros ejemplos, reportados en la literatura de intervenciones escolares, que han tenido efectos iatrogénicos en estudiantes en los ámbitos de suicidio, problemas de la conducta alimentaria, consumo de sustancias, conductas antisociales, y en emergencias y desastres que desaconsejan su implementación. A esto se debe el hecho de que se recomiende encarecidamente invertir en generar evidencia científica rigurosa en intervenciones escolares en salud mental.

Vania Martínez